2002/2015. La Masacre de Avellaneda fue una represión meditada y preparada durante semanas. Los medios que maneja el Grupo Clarín y los funcionarios políticos del gobierno de Duhalde planearon cuidadosamente las condiciones para reprimir e intentar —sin lograrlo— disimular la respuesta y el impacto social que provocaría.
A trece años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán militantes y organizaciones de izquierda y de derechos humanos se congregan hoy en las inmediaciones de la estación Avellaneda para exigir juicio y castigo a los responsables políticos. En un año electoral donde la temática como siempre es el debate entre lo viejo y lo nuevo es necesario recordar que los que visten esos disfraces usados son los mismos de ayer. La provincia de Buenos Aires tiene como pre-candidatos a gobernador a dos de los grandes responsables políticos de la Masacre de Avellaneda: Aníbal Fernández y Felipe Solá. El primero viene practicando las charlas periodísticas de la Rosada desde hace tiempo: era secretario de Presidencia durante el Gobierno de Duhalde. Felipe Solá, hoy dirigente massista por el Frente Renovador, era nada más y nada menos que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en aquel momento.
También se suman a la lista de responsables políticos el ex Ministro del Interior Jorge Matzkin, el ex Secretario de Seguridad Juan José Álvarez, el ex Jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde Alfredo Atasanof, el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Luis Genoud y hasta el dirigente piquetero alineado posteriormente con el kirchnerismo Luis D’Elia. Todos estos implicados acompañaron además las noticias del Grupo Clarín para encubrir tanto a los responsables directos como a los que decidieron que el suceso permitía implementar el plan de ajuste económico que se estaba buscando. Estos dirigentes y funcionarios defendieron dos posturas frente a lo sucedido en la Masacre de Avellaneda.
La primera, esbozada por Luis D’Elia, afirma que “los piqueteros de la Coordinadora Aníbal Verón acordaron con el gobierno de Duhalde una represión de baja intensidad. Esto le sirve al gobierno porque puede explicar en Washington que tiene mano dura y autoridad para disolver el conflicto social y a los otros para colocarse en el centro de la escena política (…). Fue un negocio. ¿Por qué? Porque ambos necesitaban muertos”[1]. La segunda, más terrible aún, es la que defendió en su momento Aníbal Fernández: “Nosotros sabíamos desde hace veinte días que iba a suceder una cosa de estas características (…). En una asamblea ellos hablaron de lucha armada y se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”[2]. También, en ese momento, se barajó una tercera teoría más inverosímil —pero que ayudó a despistar las culpas— en la que se decía que los muertos eran producto de una lucha interna entre los grupos piqueteros. Esta última fue desmentida de forma inmediata ya que los videos de la Masacre mostraban claramente a los culpables directos, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta.
El movimiento piquetero comprendía un problema para la dirigencia política de ese momento. Los cortes de ruta, el fuerte descontento social, las marchas recurrentes y los movimientos de desocupados necesitaban ser erradicados de la escena política. Los medios hegemónicos continuaron luego de la Masacre desmereciendo y atacando al movimiento de desocupados y piqueteros acusándolos de ser los responsables del malestar social y, de esa forma, justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad.
Para terminar de resaltar el acuerdo mediático y político que originó la Masacre, cito a modo de cierre las palabras de Julio Blanck, jefe de edición del Diario Clarín, que increíblemente fueron dichas con orgullo: “Mucha gente trabaja para mucha gente, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer”[3].
La ilustración es de Freddy Filete.
[1] Extracto del documental La crisis causó dos nuevas muertes de Patricio Escobar y Daniel Finvarb. Se puede ver gratuitamente por Youtube.
[3] Ídem [1].
